Es urgente replantear la autonomía de CABA, frente a los marcados desequilibrios que el Jefe de Gobierno porteño, bajo la excusa de pretender ejercer medidas de seguridad sobre la ciudadanía, reprimió las manifestaciones espontáneas de la gente que de manera pacífica expresó su solidaridad con la compañera Cristina Fernández de Kirchner.
CABA no es una provincia y por lo tanto carece de status constitucional para acordar la coparticipación de los impuestos nacionales, que requieren de la aprobación exclusiva de la Nación y las provincias.
La pretendida posición dominante de CABA, en el escenario nacional, por encima de las provincias es una muestra de la subversión del orden constitucional amparada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le confiere atributos de Estado a una porción territorial cedida históricamente por la provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional, pero jamás pensada con el ánimo de dotarla de autonomía.
CABA usufructúa del federalismo, no sólo los recursos de la coparticipación, sino también el conjunto de los subsidios destinados a los servicios públicos como el transporte, la energía, el agua colocándose en una posición privilegiada con respecto al concierto de las provincias que, de manera periférica son excluidas de la distribución equitativa que exige la Constitución Nacional.
Las autonomías provinciales fueron procesos históricamente conquistados por hombres y mujeres que lucharon por un país federal y no por un centralismo absorbente de los sacrificios de generaciones y generaciones, que soñaron con una Patria grande, soberana y federal.
Es hora de replantear la posición abusiva que CABA y sus autoridades bajo la excusa de una supuesta autonomía pretenden hacer prevalecer el interés sectorial por encima de la Nación y de las provincias. La Constitución Nacional exige del concierto de las provincias para el logro de los objetivos del preámbulo, entre ellos la unión nacional. Solo los necios, procurarán que a fuerza de la represión popular, declinemos la lucha por la igualdad y la justicia social.
Macri y Larreta fueron los grandes gestores para que CABA se extienda usurpando atribuciones económicas, de seguridad, tributarias y jurisdiccionales entre otras. Sin el statu de provincia cuenta con un poder judicial cuando debería prestar servicios vinculados a la justicia de falta, cuenta con una policía convertida en herramienta de espionaje y represión, cuando debería desarrollar inspecciones municipales de transito propias de la labor de un municipio, acapara los impuestos locales y portuarios en manifiesta contradicción a la Ley de Coparticipación Nacional. Se rige por una Constitución cuando la Carta Magna le autoriza la sanción de un Estatuto. La extensión de CABA sobre el país, es en definitiva el desequilibrio al principio del federalismo consagrado en el Art. 1 de la Constitución Nacional.
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