El diputado nacional Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos, denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri por el dictado del decreto 820/2016 emitido durante su gestión, que modificó el esquema de tutela del dominio nacional establecido por la Ley 26737 de Protección de Tierras Rurales.
De acuerdo a la presentación judicial realizada por Tailhade, la decisión de Macri se tomó para beneficiar al magnate inglés Joe Lewis, en una maniobra en la que intervinieron funcionarios del gobierno macrista en connivencia con abogados del multimillonario inglés.
Según el legislador, "el decreto 820/16 desnaturalizó ilegalmente el objetivo central de la norma, es decir, frenar a través de la regulación estatal el creciente proceso de extranjerización de grandes superficies de tierras en nuestro país, y benefició de manera directa a -entre otros extranjeros que dejaron de tener limitaciones legales para avanzar en la adquisición de tierras- el amigo de Mauricio Macri Joe Lewis".
De acuerdo a lo expuesto por Tailhade, la redacción del decreto estuvo a cargo del Estudio Jurídico Brons & Salas, abogados de Lewis y en cuyo domicilio también se inscribió el domicilio social de Hidden Lake S.A., la sociedad de Lewis que es la titular de las tierras en Lago Escondido.
"Es decir, a través de sus abogados, Lewis redactó a medida el decreto que lo beneficiaba", sostuvo el legislador, según se informó en un comunicado de prensa, donde se adjunta la denuncia.
Entre los elementos de prueba acreditados en la denuncia, se destacan los que demuestran cómo una abogada del estudio Brons & Salas, que había trabajado hasta unos meses antes en la Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (autoridad de aplicación de la ley), asegura haber participado de la redacción del decreto.
Reconoce además la connivencia entre los abogados de Lewis y la entonces directora del Registro de Tierras, Cristina Brunet, que reportaba al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la gestión macrista, Germán Garavano.
En el marco de la causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, quien ya inició la investigación, el legislador pidió -entre otras medidas de prueba- que la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación le remita todas las actuaciones administrativas relacionadas con el dictado de ese decreto.
